Consecuencias humanas. El Estado peruano no cumple sus compromisos y su ayuda es insuficiente, continua con política extractivista y etnocida. El derrame, ocurrido en el Lote 192, ha provocado enfermedades desconocidas, la contaminación de fuentes de agua vitales y las bondades de la naturaleza. Los capitalistas felices con el dinero y los pueblos indígenas pagando las consecuencias.
Escriben: Evaristo Pujupat Shirap y Vicente Sumpa Pitur
Comunicación GTANW. 10 de marzo 2025.- En el territorio de la Nación Achuar, un derrame de petróleo crudo ocurrido el 3 de octubre de 2024 en el río Pastaza ha generado una grave crisis sanitaria y ambiental, según informó el presidente de la Federación Indígena Achuar del Alto Pastaza (FIAAP), Jacob Espinar Tserem, natural de la comunidad de Siwin. Espinar Tserem, quien lidera una federación que agrupa a 8 comunidades base, detalló que el derrame ocurrido en el Lote 192 ha dejado consecuencias devastadoras para la salud y el bienestar de los pueblos de la zona.
El presidente de la FIAAP explicó que, a pesar de las múltiples gestiones realizadas, no han recibido respuesta por parte de las autoridades del Estado peruano. Ante esta situación, la FIAAP, una de las seis bases de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), que agrupa a 65 comunidades, decidieron presentar documentos al Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) solicitando apoyo para exigir al Estado peruano una respuesta urgente. Según Espinar Tserem, Petroperú había asumido el compromiso de enviar personal de salud a las comunidades afectadas, pero hasta la fecha, este compromiso no se ha cumplido.
Según Espinar Tserem, las consecuencias del derrame han sido graves, provocando enfermedades desconocidas como heridas, tipo hongo, diarrea e inflamación del intestino, en las comunidades cercanas al río Pastaza. Los afectados han presentado síntomas como hinchazón abdominal severo. En la comunidad de Nueva Vida se han reportado tres personas enfermas. En la comunidad de Siwin, 22 personas han caído enfermas, tanto adultos como menores de edad. En la comunidad de Huagramona, 21 personas han presentado los mismos síntomas, y en la comunidad de Naranjal, 22 personas más se encuentran afectadas.
Los síntomas no solo se han limitado a estas comunidades, sino que se han extendido a varias otras dentro del territorio de la Nación Achuar. Además, los ríos, cochas y quebradas, que son fuentes vitales de agua para las comunidades, han sido contaminados, lo que agrava la situación, ya que los habitantes consumen el agua de estas fuentes, que ahora están contaminadas por el petróleo derramado.

Recientemente, una comisión de la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) visitó la zona para realizar un análisis del agua y determinar el nivel de contaminación en el territorio de la Nación Achuar. Sin embargo, el informe preliminar de la comisión señaló que no había contaminación en la región, lo que ha generado rechazo entre las comunidades afectadas.
Espinar Tserem expresó que las comunidades no están de acuerdo con el informe de la OEFA, ya que son los habitantes del territorio quienes están viviendo directamente los efectos del derrame. «Nosotros, como habitantes de este territorio, sabemos lo que estamos viviendo. No estamos de acuerdo con los resultados que se han dado, porque somos los que sufrimos las consecuencias directas del derrame», afirmó Espinar.
El primer derrame de petróleo ocurrió el 3 de octubre de 2024 en el río Pastaza, y desde entonces las comunidades han estado expuestas a los efectos devastadores de la contaminación. El líder indígena también mencionó que la situación está afectando no solo la salud de los pobladores, sino también a la fauna y flora fundamentales para su supervivencia.




Además de la falta de respuesta Estatal, se ha solicitado la intervención de organismos internacionales para que evalúen la magnitud del daño ambiental y sanitario. Espinar Tserem subrayó que es urgente que el gobierno peruano asuma su responsabilidad y actúe con prontitud para remediar los daños causados.
En solidaridad con las comunidades afectadas, el líder de la comunidad de Siwin, Tercero Sánchez Imiaru, también expresó su preocupación por la situación. “La comunidad está en crisis y necesitamos que el gobierno actúe de inmediato para evitar más muertes y enfermedades en nuestras familias”, dijo Sánchez.

Las comunidades de la Nación Achuar, representadas por la FIAAP y FENAP, siguen exigiendo al Estado peruano una respuesta urgente a esta grave crisis. Las organizaciones indígenas insisten en que se tomen medidas inmediatas para frenar la propagación de la contaminación y garantizar atención médica adecuada para los afectados. Además, requieren una evaluación imparcial e internacional de los daños ambientales para poder abordar la crisis de manera efectiva y proteger a las generaciones futuras.
Un régimen autoritario, indolente y etnocida
El Estado peruano, considerado a nivel internacional como un régimen híbrido autoritario bajo la conducción de la presidenta de la República, Dina Boluarte, muestra una preocupante falta de dirección. Su gestión, caracterizada por la indolencia y la ineficacia, plantea serias dudas sobre su compromiso con el bienestar de las naciones originarias. Esta postura puede interpretarse como una irresponsabilidad, o como una omisión deliberada dentro de una política etnocida emergente del Estado peruano.
La trayectoria del Estado peruano continua con una política extractivista que atropella los derechos de sus ciudadanos. Por ejemplo, el caso del Lote 64, donde Petroperú esta en la búsqueda para entregar la operación petrolera en abril de este año, además esta en proceso de realizar un estudio de impacto ambiental (EIA); sin escuchar, ni dialogar con los involucrados como GTANW y FENAP. El Gobierno Wampís en un carta reciente rechazó las acciones de Petroperú y el posible funcionamiento del Lote 64 porque es un riesgo para la población Wampís de Kankaim (río Morona). En el mismo sentido, la FENAP ha rechazado está acción de Petroperú que no busca el diálogo, sino la imposición autoritaria.
Asimismo, su escasa legitimidad se ve socavada por su permisividad ante la opresión sistemática hacia su propio pueblo. Aunque se proclama como un estado de derecho democrático, la realidad política revela una manipulación de los derechos desde el Congreso de la República. Las leyes parecen diseñadas para favorecer a ciertos intereses capitalistas y criminales, mientras que las comunidades más vulnerables sufren las consecuencias de enfermedades y la degradación de las bondades de la naturaleza. Los pueblos indígenas se sienten desamparados, sus voces ignoradas. Los compromisos adquiridos por quienes detentan el poder rara vez se cumplen, dejando a estas comunidades en un limbo de promesas incumplidas.
Nos encontramos ante un alto riesgo de colapso global y extinción de las especies; resultado de la negligencia, un sistema económico capitalista y ecocida. Esta situación nos conduce a un punto crítico en el que los habitantes del sur global enfrentan mayores consecuencias. En este escenario, urge realizar un nuevo pacto político para frenar la explotación de hidrocarburos, mantener el petroleo bajo tierra, acompañado de una transición energética justa, así como una nueva forma de economía.
