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10 mayo 2025 · noticias, pronunciamientos

PRONUNCIAMIENTO: ¡ALERTA NACIONAL! MINERÍA ILEGAL, LA POLICÍA AMBIENTAL Y ESTADO INCAPAZ EN EL RÍO SANTIAGO

ALERTA NACIONAL:

MINERÍA ILEGAL, LA POLICÍA AMBIENTAL Y ESTADO INCAPAZ EN EL RÍO SANTIAGO

La agresión de la minería ilegal del oro en la cuenca de río Santiago (Kanús) viene desde el año 2009 hasta el presente. Durante el año 2017 en el distrito fronterizo río Santiago, provincia de Condorcanqui, región Amazonas, ha provocado graves impactos, como desaparición de playas, de especies bióticas, y de pequeñas cascadas, además de contaminación del río y humedales, destrucción de orden social comunitarío, prostitución y transmisión de las enfermedades como VIH.

Entre los años 2024 y 2025 esa agresión se ha posicionado por los precios altos en el mercado internacional. Los mineros ilegales han creado talleres de fabricación de dragas, “tracas” (dragas gigantescas), chalupas y cuentan con combustible, almacén de mercurío, e internet vía satelital, cámaras de vigilancia, es decir, cuentan con un sistema completo de vigilancia y control total tecnológico de sus negocios ilícitos. De esta manera controlan sus campamentos para que no les tomen fotos y ningún extraño pueda acercarse o sobrevolar un dron de vigilancia.

Los mineros ilegales que trabajan en la parte baja del río Santiago siguen tentando, penetrando, dividiendo y corrompiendo a las autoridades comunitarias. Organizan actividades deportivas, pagan las fiestas, despachan gratis la cerveza a la población, ofrecen construir sus puentes, posta médica, canchas deportivas y en las fiestas navideñas regalan a las comunidades cajas de panetones, juguetes y otros. Actúan como los narcotraficantes.

Desde el 2023 vienen vulnerando gravemente los derechos de la niñez y adolescencia. Los mineros ilegales comenzaron a utilizar a niños como “escudos humanos”, en las comunidades de Belén, Fortaleza y Guayabal. Los niños son puestos en las dragas durante las interdicciones de la policía nacional para que no pueda detonar las dragas. Además, han organizado un “frente de mineros ilegales” integrado por algunos comuneros de mal vivir; que realizan amenazas de atentar contra la vida de los lideres y lideresas de la Nación Wampís.

Toda esta agresión de la minería ilegal en la cuenca de río Santiago, sigue provocando el aumento de la prostitución, del VIH y otras enfermedades sexuales, entre adolescentes y jóvenes de 12 a 25 años en un 80%, además del aumento del consumo de alcohol y drogas en menores de edad; la explotación sexual en menores, división de comunidades, conflictos entre clanes familiares, y compra de conciencia a otros comuneros por los mineros ilegales.

Ante esta situación, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) viene denunciando y reportando en innumerables ocasiones ante la Fiscalía Especializada de Materia Ambiental (FEMA), Dirección General de Medio Ambiente – DIRMEAMP – PNP, Dirección Nacional de Investigación Criminal, Ministerío de Interíor, Fiscalía de la Nación y ante el Alto Comisionado de lucha contra la Minería y Droga – PCM. Sin embargo, el todo poderoso Estado (Ejecutivo, Legislativo, judicial, Fuerzas armadas y policiales), que, si actúan en otros temas, ante la minería ilegal, extraña y sospechosamente se muestra incapaz de hacer cumplir la ley, defensa de la biodiversidad y los derechos fundamentales y de la niñez.

Ante la inacción del Estado, y sin dejar de coordinar con las autoridades nacionales, el GTANW ha redoblado sus esfuerzos para conocer cómo operan los delincuentes y por qué fallan los operativos y la acción estatal. Así GTANW llegó a saber de la existencia de un plan supuestamente “reservado” denominado “PLAN DE OPERACIONES N°17-2024-DIRNIC-PNP/DIRMEAMB-SEC-UNIPLEDU “CONDOR” AL PLAN GENERAL DE OPERACIONES N°002-2024-COMOPPOL/DIRNIC-SEC-UNILEDU-OFIPLO “CONTRA LA CRIMINALIDAD -2024”, cuya finalidad era precisamente “Detectar, prevenir y combatir el delito de minería ilegal y su cadena logística (intervención de bienes maquinarias y enseres destinados a la minería ilegal) y delitos conexos”. Hasta la fecha con este plan están supuestamente operando en Condorcanqui. Sin embargo, con este plan “secreto”, cada vez que se planifica realizar interdicción en la cordillera de cóndor, en el río Cenepa y en el río Santiago, sospechosamente terminan enterándose y preparándose los mineros ilegales; pero sigue el gasto estatal inútil en sueldos, viáticos, logística, etc.

Toda esta situación de mayor violencia minera, planes “secretos” filtrados, operativos fracasados sucesivamente representa una frustración, doble agresión a la ley y los derechos ciudadanos, ambientales e indígenas. Nos dificulta poder movilizarnos libremente y cumplir con nuestras responsabilidades sociales y nuestro plan de autodesarrollo y el logro de Tarimat Pujut (vida plena en común).

Vivir bajo una constante amenaza, es una gran violencia que viola todo el orden jurídico del país, e impide que los comuneros y lideres Wampís cumplamos libremente nuestras tareas familiares, deberes y funciones en la salud, educación, producción, transporte y otros que tenemos que cumplir para proteger a nuestras familias y los 16,000 ciudadanos de la Nación Wampís. Es urgente que nuestras demandas sean escuchadas y resueltas por el Estado peruano, por lo cual demandamos:

  1. Incrementar y fortalecer la Inversión productiva y social, de urgencia en comunidades de río Santiago y Condorcanqui. Príorizar esta región fronteriza. El Estado no puede ser reemplazado por “padrinos mineros mafiosos”.
  2. Acciones de inteligencia financiera para identificar a los financiadores, compradores y operadores de la agresión minera. Inadmisible que en 16 años no hayan desmontado las mafias mineras.
  3. Investigación sumaria del funcionamiento de la policía nacional y fiscalía en Río Santiago y Condorcanqui por los órganos de control de la policía nacional y ministerío público.
  4. Acciones de interdicción sin filtraciones y mejor preparadas, para evitar perjudicar a comuneros.
  5. Activar protección estatal de defensores para los/as líderes comunales y del GTANW que rechazan el infierno minero y buscan alternativas sociales. Van 30 asesinados, ni uno más en el Perú.
  6. Anulación del REINFO definitivo que sirve de engaño y protección a la violencia minera en la Amazonía.
  7. El Alto Comisionado de lucha contra la minería, debe tener responsabilidad funcional en la PCM para suscribir acuerdos, y no reducirse a una simple “consultoría” pasajera.
  8. Gobierno debe aceptar una misión de la ONU en Condorcanqui en cumplimiento de los convenios internacionales de Minamata (sobre mercurío) y Palermo (sobre delincuencia internacional).

¡ABAJO LA IMPUNIDAD, ARRIBA LAS SANCIONES EJEMPLARES!

¡VIVA LOS DERECHOS HUMANOS, LA HUMANIDAD Y LA BIODIVERSIDAD!

Kanus, Soledad, 9 de mayo de 2025


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