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14 mayo 2026 · noticias, pronunciamientos

PRONUNCIAMIENTO: ANTE EL REMATE, CRISIS MORAL Y DESCOMPOSICIÓN DE LA GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD DEL PAÍS

PRONUNCIAMIENTO:
ANTE EL REMATE, CRISIS MORAL Y DESCOMPOSICIÓN DE LA GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD DEL PAÍS

Al presidente de la República, José María Balcázar

Al Congreso de la República actual y nuevos congresistas electos

Al Poder Judicial

Al presidente del Consejo de ministros y ministros de Energía y Minas, Economía, Interior, Defensa y Relaciones Exteriores

A la Fiscalía de la Nación

A los partidos políticos que buscan dirigir el gobierno del Perú

A los gobiernos regionales de Amazonas y Loreto

A los Convenios de Minamata (Mercurio) y Palermo (Delincuencia Internacional), Relatorías de Derechos Humanos de la ONU

A los Gobiernos de los países compradores de Oro del Perú (Suiza, India, Estados Unidos, Arabia Saudita)

El territorio de la Nación Wampís (al igual que numerosos pueblos indígenas originarios y comunidades amazónicas), estamos sometidos desde hace 10 años a una incesante y violenta invasión de las economías ilegales lideradas por las organizaciones criminales transnacionales que vienen actuando con total impunidad. De todas ellas, la más perniciosa en la provincia de Condorcanqui, es la minería ilegal que en algunas zonas actúa de manera desembozada y en otras disfrazada de legal o eternamente “informal”, a través de falsos REINFOs, en combinación con cultivos ilegales.

La minería ilegal/informal crece de manera exponencial acabando con bosques tropicales primarios, contaminando nuestras fuentes hídricas, envenenando nuestra salud por el uso del mercurio, quebrando la convivencia en las familias y comunidades, amenazando de manera permanente a nuestros líderes, generando violencia y abusos contra nuestras niñas y adolescentes. Vivimos una mortal “fiebre del infierno del oro” que amenaza nuestra existencia y pervivencia presente y futuro.

Ante esta situación, desde nuestro origen el 2015 como GTANW venimos sosteniendo de manera sistemática el dialogo intercultural con el Estado y gobiernos subnacionales proponiendo alternativas de solución e incluso contribuyendo materialmente para las acciones concretas de interdicciones. Hemos propuesto la implementación de una estrategia integral y sostenida contra las economías ilegales de nuestro territorio y la implementación de actividades socio productivas que estén alineadas a los planes de desarrollo nacional de CEPLAN Peru 20250, Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional al 2030 (PNCTI), Planes Concertados de Desarrollo de la regiones y Municipalidades y ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Al mismo tiempo persistimos en demandar la intervención decidida y estratégica de las fuerzas del orden y las instituciones tutelares de justicia; para que asuman el verdadero control en la frontera, corten el trasiego del oro ilegal que finalmente va a los mercados internacionales; y que se apoye de manera decidida y sincera en las acciones de erradicación de las operaciones ilegales/ “informales” en nuestros territorios.

Nuestro dialogo ha sido bajo la confianza en las altas autoridades, en la honorabilidad y moral de las Altas autoridades del Estado, dialogando con el grupo de congresistas, representantes de la PCM, Alto Comisionado Contra la Minería Ilegal, FEMAS, PNP nacional ambiental y otros sectores claves. Luego de una década de lucha y gestiones sociales concluimos que esta confianza no ha sido correspondida debidamente. No pueden, no saben o no quieren cumplir sus responsabilidades para las que son contratados. Sentimos que las Altas autoridades y la moralidad de las mismas se desmorona y está fuertemente debilitada, pero mantienen el teatro de las apariencias.

Diez años albergando la esperanza en que el Estado peruano y las altas autoridades, cumplan con su obligación de proteger nuestra población y el hábitat donde vivimos y que venimos defendiendo más de siete mil años y que es la única fuente para garantizar nuestra vida presente y el futuro.

Los avances hasta hoy son sumamente precarios, limitados y erráticos. Las acciones de interdicciones son hechas débilmente, carecen de eficacia y sostenibilidad. Se continúa destruyendo las estructuras socio culturales de las grandes poblaciones fronterizas y pueblos originarios de la amazonia.

Como consecuencia de la descomposición del aparato estatal e instituciones claves titulares de derechos humanos, las economías ilegales en la provincia de Condorcanqui se incrementan a diario, movilizando y expandiendo sus operaciones; la trazabilidad del oro sucio no ha sido tocada; la frontera sigue perforada por bandas criminales que operan desde otros países y contribuyen a financiar y catapultar todas las demás economías ilegales como el narcotráfico, tráfico de armas. tala ilegal, prostitución, contrabando. Los estados de emergencia pudiendo ser eficaces se quedaron en el papel y no han servido para recuperar la autoridad del Estado.

En los últimos días algunos medios de información masiva han hecho público la grave denuncia de que mineros ilegales del vecino distrito de El Cenepa, estarían negociando con funcionarios del MINEM, el otorgamiento e instalación de REINFOS a cambio de altas sumas de dinero. Ello serviría para que tengan cobertura, defensa y engaño legales para sus operaciones ilícitas. Y lo que es más grave aún, se informa que contarían con la protección de integrantes del Ejército peruano y las fuerzas policiales. Estos mineros negocian con las autoridades hasta la construcción descarada e impune de carreteras que hacen aún más vulnerable la frontera. De confirmarse esta grave denuncia periodística, sería la mayor demostración de que el sistema contra la minería ilegal no solo no funciona, sino que el Estado ha sido totalmente penetrado, contaminado y atrapado, y estamos en el reino de la anarquía donde la fuerza la tiene el poder del oro y las economías ilegales.

Ante esta situación que se expresa como crisis moral del más alto nivel del Estado, la Nación Wampís a través de su gobierno se pronuncia en los siguientes términos y demanda ante la Presidencia de la República, Congreso de la República, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, las entidades señaladas:

a) Exigimos a las altas autoridades del Estado peruano, deslindar frente a esta grave denuncia y realizar las investigaciones pertinentes a fin de evitar que la corrupción se convierta en la aliada perfecta de la ilegalidad nacional; se imponga la anarquía y desborde la violencia social.

b) Retomar y profundizar el abordaje de las economías ilegales de forma integral y con estrategia eficaz y sostenible hasta erradicarlas y recuperar la soberanía nacional.

c) Implementar un Plan Hacia el Tarimat Pujut (Vida Plena) sostenible y acorde a las culturas originarias y amigable al medio ambiente.

d) Suspender el otorgamiento de concesiones mineras en la provincia de Condorcanqui y distritos. Revisar las que han sido autorizadas por carecer de legalidad y legitimidad.

e) Anular de forma definitiva la vigencia y continuidad de REINFOs que hasta hoy solo ha servido de coartada para que los ilegales actúen con la más absoluta impunidad.

f) Retomar los controles militares y policiales de embarcaciones fluviales (maquinaria, combustible de oro ilegal) en los ingresos a la cuenca del Kanús, como son las Guarniciones de Teniente Pinglo, Ampama, la capital de Puerto Galilea y la frontera con Ecuador

g) Aplicar sistemas de inteligencia financiera e integral para desarticular las mafias de oro ilegal y sus brazos infiltrados en el Estado

h) Exigir sistemas de trazabilidad a los gobiernos de los países compradores de oro sucio de la Amazonía peruana

i) Concretar la visita al Perú de las misiones de la ONU (Convenios de Minamata y Palermo) de verificación, diagnóstico y recomendaciones sobre los impactos humanos y ambientales de la minería aurífera,

j) Deslinde de posiciones los partidos políticos sobre esta crisis minera en Condorcanqui y las propuestas de la Nación Wampís, y en especial de los dos que pasan a la segunda vuelta en las elecciones generales.


Soledad, 5 de mayo de 2026


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