PRONUNCIAMIENTO DE LOS GTA ACHUAR, AWAJÚN, CHAPRA, INKA, KANDOZI, KUKAMA KUKAMIRIA, SHAWI, SHIWILU Y WAMPÍS:
EXIGIMOS EMERGENCIA SANITARIA EN LORETO Y AMAZONAS POR MUERTES MATERNO INFANTILES Y ABANDONO EN SALUD
Las Naciones Achuar, Awajún, Chapra, Inka, Kandozi, Kukama Kukamiria, Shawi, Shiwilu y Wampís, a través de nuestros Gobiernos Territoriales Autónomos (GTAs), nos dirigimos al Estado peruano – especialmente al Ministerio de Salud, los Gobiernos Regionales de Loreto y Amazonas, sus gerencias regionales de salud y las redes de salud del Datem del Marañón -, así como a los medios de comunicación y a la opinión pública nacional e internacional, para exigir con urgencia la declaratoria de emergencia sanitaria en las provincias de Datem del Marañón, Alto Amazonas (Loreto) y Condorcanqui (Amazonas), debido al abandono sistemático del sistema de salud en nuestros territorios, que está provocando muertes evitables, en su mayoría de mujeres, niñas y niños.
Desde 2023 venimos denunciando la crítica situación sanitaria en nuestras comunidades: falta de personal médico, falta de personal materno infantil, desabastecimiento de medicamentos esenciales, postas sin personal ni equipamiento mínimo, sin cadena de frío para vacunas, centros de salud cerrados o inoperativos, y una ausencia total de campañas de vacunación. Esta desatención se agrava con los impactos acumulativos de actividades extractivas, legales e ilegales, que han deteriorado nuestras fuentes de agua y propiciando brotes de enfermedades como infecciones parasitarias, dengue y malaria. A ello se suma la emergencia climática, con lluvias intensas e inundaciones que están facilitando la propagación de enfermedades.
Estas omisiones tienen resultados nefastos: niñas y niños están muriendo. El 9 de abril Esmi B., niña achuar con solo 10 años, sufrió de tres días con síntomas estomacales y falleció mientras era trasladada en bote desde su comunidad Siwin hacia el Centro de Salud de San Lorenzo. Días antes, el 4 de abril, falleció Jessica S., también de cerca de 10 años, de la Comunidad Inka Roca (Nación Chapra), por no recibir atención médica ni medicinas. El 20 de marzo murió otro menor en la comunidad San Salvador (Chapra), y semanas antes hubo varios fallecimientos de menores en la Nación Kandozi.
Así también, este 14 de abril falleció producto de hemorragias Yesica Ch. en la Comunidad Pampaentsa de la Nación Wampis, dando a luz a su bebé. Esta comunidad no cuenta con Puesto de Salud y la posta más próxima no tiene personal ni implementos que pudiera atender estas situaciones.
Denunciamos también graves casos de negligencia médica, como el ocurrido con Crisanto T., niño de 6 años de la Nación Chapra, quien fue trasladado el 2 de junio de 2024 al Centro de Salud San Lorenzo I-4 por una fractura. Tras esperar horas, fue mal atendido y murió al recibir una inyección, sin que hasta la fecha se esclarezca su muerte ni se sancione al personal responsable.
La situación en centros como Domingo Cocha (IPRESS I-1, Nación Kandozi) es alarmante: brinda atención a 14 comunidades nativas sin personal suficiente, con cadena de frío inoperativa desde hace 4 años, infraestructura colapsada y sin medicinas. En noviembre de 2024, esta posta no pudo atender a la hermana Ody B., quien murió tras dar a luz, ni prevenir un brote de enfermedad estomacal que causó la muerte de varios niños entre 1 y 5 años. Todo esto pudo ser evitable.
La Nación Achuar del Pastaza denuncia, además, que tras el derrame de petróleo del Lote 192 ocurrido el 3 de octubre de 2024, se registraron 11 muertes (6 niños y 5 adultos) por síntomas relacionados con contaminación por metales pesados. No tienen agua potable, ni atención médica, y Petroperú no ha implementado ninguna medida de remediación ni abastecimiento de agua segura.
Hemos presentado denuncias y solicitudes a todas las instancias competentes. Pero el Estado nos ignora. Mientras destinan recursos y esfuerzos para abrir territorios a actividades extractivas como el Lote 64, recurriendo incluso a prácticas tramposas, o concesiones mineras en la Nación Shawi, nuestros hijos e hijas mueren sin atención. Esto constituye una violación flagrante de nuestros derechos humanos y colectivos.
Nos solidarizamos con los pueblos del sur cuyos niños han sido envenenados con alimentos contaminados del programa Wasi Mikuna (antes Qali Warma), y rechazamos la corrupción e impunidad que pone en riesgo la salud de las infancias indígenas en todo el país.
Condenamos el despilfarro del Congreso y la Presidencia mientras nuestras comunidades sufren muertes producto de su ausencia e indiferencia. Exigimos atención digna, acceso a salud integral, personal capacitado, medicinas, agua segura y una política intercultural que reconozca nuestras realidades.
No aceptamos más muertes por abandono. Nos declaramos en pie de lucha por la vida y la salud de nuestras familias.
San Lorenzo, 17 abril de 2025
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