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22 mayo 2026 · noticias, pronunciamientos

Pronunciamiento: Frente ala Ley Nº 32592 de la seguridad fronteriza, alertamos sobre el riesgo de ineficacia y conflictividad en nuestros territorios multimilenarios

PRONUNCIAMIENTO:

FRENTE A LA LEY Nº 32592 DE LA SEGURIDAD FRONTERIZA, ALERTAMOS SOBRE EL RIESGO DE INEFICACIA Y CONFLICTIVIDAD EN NUESTROS TERRITORIOS MULTIMILENARIOS

Este pronunciamiento se dirige de manera urgente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), al Congreso de la República del Perú, a las embajadas y organismos internacionales de derechos humanos y a la opinión pública nacional e internacional.

La Nación Wampís, uno de los pueblos originarios, a través de su Gobierno Territorial Autónomo (GTANW) institución de autogobierno y legítima representación de las comunidades fronterizas de las cuencas de los ríos Kanús (Santiago) y Kankaim (Morona), amparada en el derecho internacional a la libre determinación, expresa su preocupación frente a la promulgación unilateral de la Ley Nº 32592, aprobada por el Congreso de la República el 13 de mayo de 2026 y que declara de interés nacional “la creación del sistema de vigilancia y protección amazónica y nacional”.

Frente a esta nueva medida legislativa que no toma en cuenta nuestra participación fundamental en la protección de la integridad territorial, la biodiversidad y la seguridad de nuestras comunidades fronterizas, manifestamos lo siguiente:

1. Vulneración y resistencia al diálogo con respeto mutuo y horizontalidad

La Ley Nº 32592, fue debatida y aprobada de espaldas a los pueblos originarios y a nuestros gobiernos territoriales autónomos que vivimos en la Amazonía y que hacemos viva las fronteras. El Estado peruano ha omitido un proceso genuino de diálogo con respeto mutuo y horizontalidad, un estándar obligatorio e irrenunciable según el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Legislar sobre el control y resguardo de la Amazonía, sin la participación y el consentimiento de sus habitantes directos y defensores históricos, pone en cuestión la legitimidad y eficacia jurídica y ética.

2. Alerta ante un escenario de descoordinación y conflictos

Advertimos con preocupación que esta norma, teniendo el objetivo de fortalecer la «seguridad, defensa nacional y vigilancia de fronteras», ignora o elude la indispensable coordinación con nuestros pueblos que desde hace años y en forma reiterada enfrentamos la criminalidad de las economías ilegales especialmente del oro, el narcotráfico y otras. Por tanto, si se mantiene la exclusión y verticalidad, se propicia una peligrosa situación de conflictividad en nuestros territorios ancestrales. Al omitir por completo a los pueblos indígenas en el texto de la ley de interés y desconocer nuestros sistemas propios de cuidado territorial, la norma puede generar un escenario de confusiones, errores, contradicciones, donde las fuerzas del orden en lugar de estar unidas a nosotros que somos las verdaderas “fronteras vivas” desde hace siete mil años, terminemos en conflictos por autoritarismo contra las comunidades. Es inaceptable que una ley destinada a la «protección amazónica» no mencione a las naciones originarias fronterizas que, como la Nación Wampís, vivimos allí y protegemos históricamente estos territorios y bosques primarios con nuestras vidas frente a la incesante invasión de economías ilegales transnacionales y la minería ilegal que actúan bajo la impunidad estatal.

3. Exigencia categórica de coordinación y respeto a nuestra autonomía

Exigimos que en la elaboración de la propuesta normativa de la Ley Nº 32592 y su reglamentación, se incluya de modo expreso los mecanismos vinculantes de coordinación directa y horizontal con las organizaciones indígenas, donde corresponda y en especial con la Nación Wampís y el GTANW en la frontera amazónica con Ecuador. La verdadera protección de la Amazonía frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad no se logrará mediante la imposición de estructuras verticales; sin adecuación social, cultural y hasta lingüística.

Exigimos el respeto irrestricto a nuestro territorio y la coordinación con nuestras estructuras organizativas y autoridades para resguardar las bondades de la naturaleza, las cuales gestionamos de forma sostenible de acuerdo con nuestras pautas culturales y milenarias.

Del mismo modo que la implementación del referido mecanismo cuente con el debido presupuesto asignado y no se siga repitiendo la fórmula de cargarlo a los recursos propios de las instituciones involucradas que al final solo servirá como justificación para no implementarlo. Caso contrario, seguiremos en más de lo mismo: la incapacidad estatal de acción aislada e ineficaz.

Recordamos al Estado que los derechos sobre nuestros territorios integrales son preexistentes a la creación de la República del Perú. Nuestro Estatuto del GTANW (2015) y las evidencias históricas y antropológicas sustentan jurídicamente nuestra ocupación interna y a nuestras autoridades ancestrales. Asimismo, el artículo 89 de la Constitución Política del Perú reconoce la autonomía organizativa y el uso de la tierra de las comunidades de manera inviolable.

Por lo tanto, enfatizamos que el acercamiento estatal debe regirse por las pautas establecidas en nuestro Protocolo de Relacionamiento, Concertación y Diálogo de Mutuo Respeto (2022) con el Estado. La República del Perú no puede seguir legislando de manera aislada, desconectada y unilateral sobre espacios geográficos protegidos por más de 80 comunidades y 16 000 ciudadanos Wampís, especialmente en un contexto de crisis moral y descomposición institucional donde las agencias estatales han fallado por años en detener la destrucción ambiental en la provincia de Condorcanqui.

Hacemos un llamado a la sociedad peruana, así como a la comunidad internacional, a las embajadas de los países aliados y a los relatores de la ONU a vigilar activamente la implementación de esta ley de interés y a promover procesos participativos e interculturales. El objetivo es evitar que esta norma quede en el papel como una ley más, o que derive en un instrumento de conflictividad contra los verdaderos defensores amazónicos, resultando ineficaz ante la criminalidad del extractivismo aurífero y las economías ilícitas.

¡Por la defensa de nuestro territorio integral, la biodiversidad y nuestra libre determinación!

¡Por una acción estatal eficaz con adecuación y respeto cultural!

Kanus, Soledad, 20 de mayo de 2026


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